El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, tras completar su tramitación en el Senado. El nuevo marco normativo introduce cambios destinados a ampliar los apoyos y servicios, reforzar la autonomía personal y avanzar en la accesibilidad universal.
La reforma modifica la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Su aprobación definitiva se produjo el 16 de septiembre de 2026 y supone también el desarrollo de los principios de inclusión, autonomía y accesibilidad universal recogidos en el artículo 49 de la Constitución.
Más opciones de apoyo para las personas en situación de dependencia
Uno de los principales cambios afecta al sistema de dependencia, que amplía el catálogo de servicios y flexibiliza el acceso a diferentes prestaciones.
La reforma elimina el régimen general de incompatibilidades entre prestaciones, permitiendo combinar distintos apoyos en función de las necesidades y preferencias de cada persona. De este modo, podrán compatibilizarse servicios como el centro de día, la teleasistencia o los cuidados en el entorno familiar, siempre de acuerdo con el Programa Individual de Atención.
También se amplía y regula la asistencia personal como un servicio del catálogo de dependencia. La nueva regulación la orienta a favorecer la autonomía, la vida independiente y la participación en la comunidad, más allá de los ámbitos educativo y laboral.
Otra de las modificaciones se refiere al servicio de ayuda a domicilio, que podrá extenderse fuera de la vivienda para facilitar actividades básicas de la vida diaria, como acudir a una cita médica o realizar compras.
La reforma reconoce, además, diferentes realidades de convivencia y cuidados. Se incorpora la figura de la persona cuidadora principal y se amplía el reconocimiento de las personas cuidadoras no profesionales, de manera que el cuidado pueda recaer también en personas del entorno relacional aunque no exista un vínculo familiar.
La teleasistencia, reconocida como derecho
La teleasistencia pasa a reconocerse como un derecho subjetivo para las personas que tengan reconocida una situación de dependencia. El objetivo es garantizar el acceso a este servicio como apoyo complementario a otras prestaciones y reforzar su función preventiva.
La nueva regulación contempla también el uso de dispositivos tecnológicos que permitan realizar un seguimiento de las personas usuarias, como sistemas de geolocalización, especialmente en situaciones en las que puedan existir necesidades específicas de apoyo.
En relación con las personas cuidadoras, la reforma establece medidas para garantizar la continuidad de los cuidados ante situaciones de enfermedad grave u hospitalización y recoge la obligación de la Administración General del Estado de asumir las cotizaciones correspondientes a las personas cuidadoras principales en los términos establecidos por la normativa.
Asimismo, se reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia.
Nuevas medidas en materia de discapacidad
La reforma incorpora también modificaciones relevantes en materia de discapacidad, con especial atención a la accesibilidad universal, la autonomía personal y la inclusión social.
Entre las medidas previstas se encuentra la simplificación del reconocimiento del grado de discapacidad para determinadas personas en situación de dependencia. En concreto, quienes tengan reconocido un grado I de dependencia podrán obtener automáticamente un reconocimiento del 33 % de discapacidad, mientras que para los grados II y III se contempla el reconocimiento del 65 %, en los términos establecidos por la nueva regulación.
La accesibilidad universal se reconoce como un derecho, y se prevé la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal destinado a financiar actuaciones necesarias para garantizarla en diferentes ámbitos.
La reforma también modifica la normativa sobre propiedad horizontal para facilitar la realización de obras de accesibilidad en edificios de viviendas y establece mecanismos de apoyo público para financiar estas actuaciones. El texto incorpora, además, medidas destinadas a reducir las barreras que dificultan que las personas con discapacidad puedan vivir y participar en igualdad de condiciones en su entorno.
La atención temprana, un derecho subjetivo
Otro de los avances recogidos en la reforma es el reconocimiento de la atención temprana como derecho subjetivo para niños y niñas de 0 a 6 años que presenten trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos.
La medida pretende garantizar que el acceso a estos apoyos no dependa únicamente de la disponibilidad de plazas o de los recursos existentes en cada momento, permitiendo que las familias puedan reclamar esta atención ante la Administración autonómica correspondiente.
El nuevo marco incorpora también medidas de protección frente a la discriminación en los seguros por razón de discapacidad y regula la figura del facilitador procesal, destinada a proporcionar apoyo a personas con dificultades de comunicación o comprensión durante los procedimientos judiciales.
Un nuevo marco de financiación para la dependencia
La reforma legislativa se acompaña de las medidas de financiación aprobadas en julio de 2026. El Congreso convalidó entonces el real decreto-ley que incrementa la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con una previsión de 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.
Además, la nueva normativa incorpora la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del sistema de dependencia, con el objetivo de reforzar su sostenibilidad.
La aprobación definitiva de la reforma abre ahora una nueva etapa para el desarrollo de estas medidas y para su aplicación efectiva por parte de las administraciones competentes. El Congreso ha señalado que el texto deberá contribuir a reforzar los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia y a avanzar hacia un sistema de apoyos basado en la autonomía, la inclusión y la permanencia en el entorno.